Els cursos són gratuïts per a les cooperatives associades a FEVECTA, així com per a persones desocupades vinculades a aquestes. Les places són limitades. Tindran preferència les persones sòcies i treballadores de les cooperatives associades a FEVECTA.
La Guía virtual de CEPES para el emprendimiento colectivo: información gratuita a los emprendedores sobre cómo crear empresas cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y autoempleo.
La Fundación Formación y Empresa inicia la última convocatoria de cursos de Teleformación dentro del plan de CEOE-CEPYME. http://www.ffem.es/la-fundacion-formacion-y-empresa-inicia-la-ultima-convocatoria-de-cursos-de-teleformacion
Fundación Empresa-Universidad de Alicante y Florida Universitària han suscrito un convenio de colaboración para impartir el Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero en Valencia.
La Cátedra Cajamar de Economía Social - Universitat Politècnica de València (UPV), junto con el Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) han celebrado en la Facultad de ADE de la mencionada universidad el Workshop ‘Nuevos sistemas de gobierno en la Economía Social’. Los distintos intervinientes han puesto de manifiesto la importancia de que en los distintos órganos de gestión de estas empresas se dé entrada a personas altamente cualificadas y profesionales en el sector, como medida para mejorar su gestión y competitividad.
Durante la jornada se ha analizado el papel actual del Consejo Rector de las Cooperativas, los organismos de control y las asambleas de socios. Propuestas como el fomento de una mayor participación, la implicación de los gestores, la limitación temporal de los mandatos de los miembros del Consejo Rector, o la necesidad de la redacción de códigos de buen gobierno, han sido formuladas por los distintos participantes, entre ellos algunos de los principales expertos juristas y económicos del sector en España.
El taller ha sido inaugurado por el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, Miguel Ángel Fernández Prada; acompañado de la decana de ADE, Virginia Vega; el director de la Cátedra Cajamar-UPV, Juan Fco. Juliá, y el director territorial de Cajamar en Valencia, Francisco González.
A continuación se ha analizado la gobernanza desde el punto de vista jurídico, en una mesa redonda moderada por José Mª Pérez De Uralde, presidente de CIRIEC-España, y en la que han intervenido los profesores Juan Bataller Grau, catedrático de la Universitat Politècnica de València; Carlos Vargas Vasserot, catedrático de la Universidad de Almería, y Enrique Gadea Soler, profesor de la Universidad de Deusto.
Una mesa posterior, sobre Innovaciones en los sistemas de gobierno en cooperativas, ha sido moderada por Rafael Chaves Ávila, catedrático Acreditado de la Universitat de València, con la participación de Narciso Arcas Lario, catedrático Acreditado de la Universidad Politécnica de Cartagena; Ricardo Palomo Zurdo, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, y Elia García Martí, profesora titular en la Universidad de Jaén.
Estudio de Gobernanza de Cajamar - UPV
Durante la jornada se ha podido conocer también el avance de resultados de un Estudio de Gobernanza de Cajamar-UPV, a cargo de Elena Meliá Martí, directora de CEGEA. Dicho estudio se basa en una gran encuesta a cooperativas agro-alimentarias de España de tamaño mediano a grandes, a las que se les pregunta por distintas cuestiones del funcionamiento del Consejo Rector, de los órganos directivos y de la gestión de las cooperativas.
Los resultados de esta encuesta se comparan con el famoso Informe Bijman, ‘Support for farmers cooperatives’, el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre cooperativas agroalimentarias en la Unión Europea.
La jornada ha concluido ya por la tarde con una mesa redonda dedicada a conocer experiencias del propio sector. En ella han participado Vicente Atxa Uribe, rector de la Universidad de Mondragón; Emili Villaescusa Blanca, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana; Joan Mir Piqueras, director general Anecoop, y Roberto García Torrente, director de Negocio Agroalimentario del Grupo Cooperativo Cajamar.
¿Pueden las empresas de Economía Social ayudar a los Ayuntamientos a cumplir sus políticas sociales y de empleo? Esta pregunta se la han planteado investigadores de la Universidad de Valencia, que coinciden en que las cooperativas y otras empresas contempladas en la Ley de Economía Social son las más idóneas para prestar servicios locales, así como para generar bienestar social y fomentar el empleo en el territorio. Así se recoge en el trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia (UV) llamado "Empresocial: El emprendimiento social ante la crisis del empleo y del bienestar social".
El sector de la Economía Social supone una vía intermedia entre el puro mercado y la prestación directa de los servicios públicos, pero sobre todo, con ellas, el dinero y el esfuerzo del municipio revierten en el mismo, generando más empleo, riqueza y cohesión social. Así lo confirmó el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, José Luis Monzón, durante la conferencia que pronunció este miércoles en Torrent, titulada "Ventajas de la Economía social para la consecución de bienestar social", en el marco del seminario "La economía social y la prestación de servicios públicos locales", organizado por el Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial de la Universidad de Valencia con la colaboración de Caixa Popular.
El profesor Monzón hizo un repaso de las características identitarias de las empresas de la economía social que, según dijo, "surgen de lo más profundo de la sociedad civil para resolver una necesidad o problemática de la ciudadanía" a diferencia de las empresas de capital, orientadas a retribuir a inversores y capital. Este hecho es lo que conduce a justificar que los poderes públicos deban fomentar precisamente las empresas de la economía social, quedando así reconocido en la propia Constitución Española.
Entre los aspectos que hacen de las empresas de economía social generadoras de bienestar social, Monzón destacó algunas como "ser instrumentos efectivos de igualdad social" y "empresas más pegadas al territorio" y que, por tanto, no se deslocalizan, precisamente por estar orientadas a responder a necesidades de su colectivo. Además son empresas que "internalizan costes sociales", lo que revierte en beneficios para el territorio y la sociedad.
El catedrático de Economía Aplicada también habló de la capacidad demostrada de las cooperativas y otras empresas de la economía social para generar empleo de mayor calidad, tal y como se ha visto durante la crisis ya que mientras la población asalariada en España entre 2008 y 2013 se ha reducido un 20%, en el sector empresarial de las cooperativas este porcentaje se ha reducido tan sólo un 9.3%. Y, por último, se refirió a la "democratización de la función empresarial y de la economía", que aporta este modelo de empresa.
De "la prestación de servicios públicos por entidades de la Economía Social" habló en su intervención en este seminario el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, Salvador Montesinos, quien apuntó fórmulas posibles de fomento de la colaboración público-privada entre administraciones locales y empresas de la Economía Social bien a través de incentivos fiscales y subvenciones, bien mediante la participación de los municipios en estas entidades, bien con la gestión indirecta de servicios públicos locales mediante entidades mixtas o bien introduciendo criterios de discriminación positiva en la contratación pública a través de las llamadas cláusulas sociales. Esto último, según el profesor Montesinos, conecta con el concepto de Responsabilidad Social aplicado a las Administraciones Públicas.
En efecto, los servicios son prestados por empresas de economía social, lo que ancla el empleo en el mismo ámbito. Lo permite el cumplimiento de la satisfacción de necesidades colectivas por los propios interesados mediante la ayuda mutua, con apoyo del Municipio, y además, evita que los impuestos de los ciudadanos, utilizados por los Ayuntamientos para la contratación pública, o para cualquier otra política de fomento, vaya a parar a grandes conglomerados empresariales que canalizan los beneficios obtenidos fuera del territorio. De todo esto es consciente la propia Unión Europea, que ha indicado la conveniencia de fomentar este tipo de empresas, especialmente en el ámbito local.
El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado tras la constitución del Consell Valencià de la Innovació que el objetivo de este organismo es "resetear" la situación en la que se encuentra la innovación en el modelo productivo valenciano actual y ha asegurado que "la innovación es una prioridad en la agenda económica de este Consell".
"La innovación, el desarrollo, la investigación no entiende de legislaturas, nosotros queremos hacer una planificación más allá de estos cuatro años y queremos que la Agència Valenciana de la Innovació tenga una potencia que vaya mucho más allá de un gobierno determinado", ha precisado.
En su intervención, ha destacado que el Consell Valencià de la Innovació que se ha constituido quiere ser un instrumento para situar a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de una innovación fruto de un trabajo conjunto y de cooperación de todos los agentes implicados en este ámbito. No en vano, Ximo Puig ha descrito este ente como un "espacio de consenso" donde están representados empresarios, sindicatos, universidades, CSIC, institutos tecnológicos.
"Se trata de ser capaces de buscar todas las sinergias para que la innovación llegue hasta el final de nuestras factorías, empresas, espacios de gestión públicos y privados, y muy especialmente en los sectores productivos", ha explicado.
Puig también ha explicado que el trabajo que hoy se inicia culminará aproximadamente en el mes de abril con un proyecto de Ley de creación de la Agència Valenciana de la Innovació que elaborará el Consell para que sea discutido y finalmente aprobado en Les Corts. "El objetivo último es ser capaces de elaborar una estrategia regional para la innovación", ha asegurado.
Al frente del proyecto está Andrés García Reche como Vicepresidente Ejecutivo de este Consell Valencià de la Innovació que ha precisado que en lo primero que se va a trabajar es en "someter a todo el sistema valenciano de la innovación a un minucioso análisis y definir las líneas, programas y proyectos que la agencia asumirá como propios y trasladará en forma de programas a partir de 2017 una vez creada la ley".
Reche insiste en la necesidad de la creación de este Consell y posterior Agencia para superar los resultados negativos del comportamiento regional de la innovación. "El modelo productivo no estaba en la dirección correcta", ha añadido. "Estábamos creciendo a lomos de un caballo que no era un caballo ganador ni de futuro, sino un caballo fácil, rápido y de corto plazo", ha afirmado García Reche.
Las funciones de la Agencia Valenciana de la Innovación son el estímulo de la innovación en todos los ámbitos de la actividad productiva y de la administración pública; la coordinación y el fortalecimiento del Sistema Valenciano de Innovación; interlocución y coordinación con todos los agentes del SVI; el impulso de una estrategia regional de innovación para la Comunitat Valenciana y, por último, la promoción y captación de fondos nacionales y europeos para el estímulo de la innovación en la Comunitat Valenciana.